Crowdfunding inmobiliario: el regulador francés detecta fallas en la información sobre riesgos

MoneyVox publicó en junho de 2024 una nota sobre el informe anual del mediador de la Autoridad de los Mercados Financieros de Francia (AMF). Aunque buena parte de los litigios recibidos se referían a planes de ahorro en acciones y a sociedades de inversión inmobiliaria, una parte creciente correspondía al crowdfunding inmobiliario: en 2023 el mediador tramitó 21 casos sobre plataformas de financiación participativa, un 110% más que en 2022.

Según el regulador, en 2022 las quejas se referían sobre todo a retrasos en el pago de cupones o a prórrogas de emisiones de bonos, causadas por demoras en la entrega de obras. En 2023 la tendencia se agravó por la crisis inmobiliaria y la mayoría de los casos pasó a involucrar inversiones en sociedades de proyecto sometidas a procedimientos colectivos de insolvencia. El perfil típico del reclamante era un particular que invertía cantidades relativamente pequeñas, a menudo alrededor de 1.000 euros por proyecto, en emisiones de bonos del sector.

El punto central de la nota es la calidad de la información. La advertencia sobre los riesgos aparecía en las páginas web, en los documentos precontractuales y contractuales y en el documento de información regulatoria, pero el mediador encontró lagunas importantes: las alertas estaban redactadas en términos muy genéricos y la presentación de ventajas e inconvenientes era incompleta y desequilibrada.

El artículo recuerda que, desde el 11 de novembro de 2023, rige el reglamento europeo que creó la figura de proveedor de servicios de financiación participativa y eliminó los estatutos nacionales anteriores. Entre las nuevas exigencias están que toda la información, incluida la publicidad, sea correcta, clara y no engañosa; que las plataformas conozcan mejor el perfil de cada inversor y distingan entre inversores experimentados y no experimentados; que exista una ficha de información clave por cada oferta; y que los no experimentados tengan un plazo de reflexión de cuatro días.

La nota menciona además un límite de inversión para los no experimentados, fijado en 1.000 euros o en el 5% del patrimonio neto declarado. El mediador anunció que vigilará de cerca el cumplimiento de estas obligaciones, en especial la selección de proyectos y la protección de los inversores.