Detroit: la empresa de inmuebles tokenizados anuncia su liquidación y la venta de 700 casas

Outlier Media, el medio local que destapó el caso, informó en July 2026 que RealT, la empresa de criptomonedas que vendió tokens de unas 700 propiedades en Detroit, planea vender toda su cartera. Uno de sus cofundadores lo anunció el 2 de julio en una llamada con inversores, en la que habló de liquidación voluntaria y de vender todos los activos, citando crecientes problemas financieros y legales que la acercaban a la insolvencia.

La compañía había recaudado unos 140 millones de dólares vendiendo tokens a inversores extranjeros, sobre todo por inmuebles en Detroit. El año anterior, la ciudad presentó la mayor demanda por molestias públicas de su historia tras una investigación del medio que reveló abandono de propiedades e inquilinos, millones en impuestos y multas impagas y más de 100 casas vacías. No estaba claro si las propiedades se venderían en su estado actual, quiénes serían los compradores ni qué pasaría con otras unas 170 propiedades fuera de Detroit.

La liquidación choca con las restricciones del litigio. En abril, la ciudad y la empresa firmaron un acuerdo que transfirió el control de la cartera de Detroit a un fiduciario especial, quien tiene la última palabra sobre cualquier venta. El abogado de la ciudad dijo que la empresa no había presentado nada en el tribunal y que el anuncio no cambiaba el caso; añadió que, si se venden casas, la ciudad buscará dar oportunidades a inquilinos y compradores de primera vivienda.

El cofundador atribuyó la decisión al deterioro de la relación con el fiduciario, versión que este calificó de inexacta. Un mes después de su nombramiento, el fiduciario había denunciado en el tribunal que la empresa no pagaba su parte de los honorarios, no mantenía los seguros exigidos y no registraba bien qué inmuebles estaban ocupados, aunque esa moción se retiró tras negociaciones.

Mientras tanto, los propios inversores se organizan. Un abogado francés especializado en víctimas de fraude reunía a unos 400 afectados para presentar una demanda en Francia, con el objetivo de recuperar el dinero y aportar pruebas para una posible denuncia penal. El abogado de la empresa declinó hacer comentarios para el reportaje.