Tokens inmobiliarios en Argentina: cómo funcionan y qué protege al inversor

El Cronista publicó en July 2026 una explicación sobre cómo invertir en una fracción de un edificio mediante tokens, en un momento en que la tokenización dejó de ser un nicho cripto en Argentina y cuenta con jugadores locales y un marco regulatorio para ciertos instrumentos. El ejemplo es simple: un edificio valuado en un millón de dólares puede dividirse en un millón de tokens, y un inversor puede comprar 100 o 1.000 sin aportar el capital completo.

Según relevamientos de plataformas que operan en el país, los montos de entrada suelen ir de 50 a 500 dólares por token, muy por debajo de los varios miles que exige un fideicomiso inmobiliario clásico. El diario aclara que los tokens no pueden manejarse en cualquier billetera de pagos, porque requieren funcionalidades asociadas a las criptomonedas, y menciona el lanzamiento de una billetera de autocustodia desarrollada por ingenieros argentinos.

El contexto regulatorio es parte central del texto. La Comisión Nacional de Valores comenzó en 2025 a habilitar la representación digital de acciones, obligaciones negociables y certificados de depósito, y en 2026 amplió con una nueva resolución la posibilidad de tokenizar valores negociables bajo regímenes de autorización automática. Sin embargo, ese marco no incluye todavía de forma específica la tokenización inmobiliaria directa. Los esquemas que ya operan lo hacen mayormente fuera de la órbita de la CNV, apoyados en un fideicomiso inmobiliario que es el titular real del activo.

Por eso, advierte el diario, quien compra un token inmobiliario no adquiere metros cuadrados con escritura, sino una participación económica en un negocio administrado por un tercero. La diferencia con un fideicomiso o un fondo tradicional está en la forma de acceso: el token se registra en una blockchain, lo que en teoría facilita la trazabilidad y la reventa sin depender del organizador. Pero el riesgo del activo no cambia: si el edificio tiene baja ocupación, la obra se demora o el proyecto se maneja mal, la rentabilidad cae igual.

La nota recomienda distinguir dos capas: la financiera, donde la CNV ya tiene reglas claras sobre quién emite y qué agente interviene, y la inmobiliaria directa, donde la protección depende casi por completo de la letra chica del fideicomiso de cada proyecto.