Detroit: una empresa de inmuebles tokenizados suspende pagos y su modelo se desmorona

Michigan Public republicó en marzo de 2026 un nuevo reportaje de Outlier Media sobre RealT, la empresa de criptomonedas que posee cientos de viviendas de alquiler en Detroit y vende tokens que representan propiedad fraccionada. Según el medio, la compañía parece estar desmoronándose: suspendió casi todos los pagos semanales a sus inversores, debe millones en impuestos, agua y multas, y más de 300 de sus propiedades podían entrar en ejecución fiscal a finales de marzo.

El modelo consistía en que inversores, sobre todo extranjeros, compraban tokens y recibían cada semana una parte del arriendo que la empresa decía cobrar. En un correo enviado en febrero, la compañía reconoció a los inversores que ya no podía pagar seguros, mantenimiento ni gastos legales sin una inyección de dinero, anunció la suspensión de las distribuciones y afirmó que el modelo ya no funciona. Sitios independientes que siguen los datos confirmaron que los tokens no generan ingresos y que casi todos se venden en el mercado secundario muy por debajo de su valor original.

Una orden judicial agravó la situación: en julio de 2025, dentro de la demanda que la ciudad presentó contra la empresa, una jueza dispuso que todo el arriendo cobrado a los inquilinos se depositara en una cuenta en garantía destinada exclusivamente a reparaciones. La empresa planea vender parte de su cartera para obtener liquidez y había propuesto vender 28 casas, aunque la ciudad registró avisos de litigio sobre cientos de propiedades que advierten a cualquier comprador sobre la demanda.

El reportaje describe además el deterioro de las viviendas: inquilinos sin calefacción durante dos inviernos, filtraciones, moho, techos rotos y un edificio declarado inhabitable. La empresa administradora quedó reducida a unos cinco empleados, según su abogado, quien culpa a la ciudad de los problemas de flujo de caja. Un exempleado estimó que cerca del 80% de las propiedades que visitó tenían problemas graves.

La ciudad pidió que un administrador judicial se hiciera cargo de la cartera; la jueza rechazó la solicitud en enero, pero dejó abierta la posibilidad de volver a presentarla, y el juicio estaba previsto para el 27 de mayo.